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Posted by jimoreno in administración, administración orientada marketing

Media sanción al proyecto que protege acciones del Estado en empresas

El Senado aprobó la normativa girada por el Ejecutivo, que busca incrementar los requisitos exigibles para que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se desprenda de la participación
en firmas privadas.

La Cámara de Senadores aprobó, y giró a Diputados, el proyecto de ley que declara de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado que integran su cartera de inversiones del Fondo de Garantías Solidario (FGS) y de las participaciones accionarias de empresas en las que posee acciones en su poder.

La iniciativa -que fue aprobada con 39 votos a favor y 22 en contra- prohíbe la transferencia al sector privado de esas acciones sin previa autorización del Congreso por los votos de los dos tercios de sus miembros.

La finalidad es preservar la sustentabilidad del FGS y “promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional o al FGS para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en las participaciones societarias”.

También se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (Anpee), que tendrá a cargo la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto. El roganismo deberá ejercer los “derechos políticos” inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS.

Se busca “contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria” mediante el FGS o del Ministerio de Economía.

La agencia se integrará con un directorio y un consejo consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado.

El directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el director Ejecutivo de Anses, dos directores designados por el PEN (uno será el Ministro de Economía y el otro el Ministro de Industria), dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.

Además, crea un consejo consultivo como asesor del directorio, que estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, un integrante de la Anses y uno de la CGT.

Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos por otro período.

Sólo podrán ser removidos por mayoría simple si la causa de la remoción fuere una situación de ilegalidad vinculada con una infracción a la Ley de Ética Pública. Pero, si se tratare de mal desempeño de sus funciones, podrá ser desplazado de su puesto por decisión de las 2/3 partes de los miembros de la Bicameral.

Mayor protección
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista bonaerense Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que “lo que se busca es poner mucha mayor protección a lo que son importantes participaciones que tienen los argentinos en importantísimas empresas privadas”.

El legislador sostuvo que se le da una “fuerte intervención al Congreso Nacional” para que “cualquier cambio deba tener un fuerte consenso”.

Y sentenció: “No es verdad que esta ley busque impedir la venta de estas acciones. Lo que hace es que cualquier decisión que se tome sea fundada de tal manera que sea el Parlamento el que decida”.

En cambio, la radical mendocina Laura Montero fustigó el proyecto argumentando que no tiene “ninguna razonabilidad” porque se trata de un “electoral y oportunista, con la plata de los jubilados, que no están de acuerdo con el modo en que funciona el FGS”. Y concluyó Montero: “¿Cuál es la razonabilidad? Están votando una ley por mayoría simple que pide mayorías agravadas para la venta de las acciones y así preservar la participación del Estado en las empresas”.

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